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II Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica - programa actualizado


Cuenta, además, con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación de la República Argentina.

La temática escogida para este segundo congreso reúne una serie de cuestiones de suma importancia para la realidad iberoamericana. En América Latina la pobreza y la indigencia han descendido en los últimos años pero aún quedan millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza; en la Europa ibérica, por su parte, nuevas manifestaciones de pobreza han aparecido tras la crisis económica y las oleadas de inmigración.

En ambos márgenes del Océano Atlántico los problemas de corrupción son cada vez más preocupantes. Como es sabido, la relación entre corrupción y pobreza ha sido establecida en estudios de diversas disciplinas: los países más corruptos son a su vez los más pobres y está probado que la corrupción profundiza las causas que generan pobreza de diversas formas, tales como las ineficiencias en servicios públicos básicos como la educación, la salud o el transporte.

Por otra parte, la llamada petit corrupción afecta especialmente y de manera directa a la población más pobre que se ve sometida a pedidos de soborno para acceder a derechos o hacer uso de servicios.

La seguridad jurídica es, de acuerdo con la concepción que se comparte en esta iniciativa, un concepto que va más allá del estado de derecho y exige no sólo que las autoridades sujeten su accionar a las normas jurídicas sino que los legisladores y otros participantes del proceso legislativo hagan sus mejores esfuerzos para que las normas sean eficaces y efectivas. Así las cosas, una mejora en los niveles de seguridad jurídica necesariamente impactará positivamente en el descenso de la corrupción y de los niveles de pobreza e indigencia.

El evento pretende ser un punto de encuentro entre juristas iberoamericanos, con el objetivo de conocer experiencias que permitan el fortalecimiento de las instituciones y mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos.

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