Buenos Aires, agosto de 2016.- El avance a paso cada vez más firme de un proyecto de ley que busca responsabilizar penalmente a las empresas, se da en un marco de lucha global contra la corrupción trasnacional y en consonancia con los estándares internacionales a los que la Argentina se comprometió al adherir a convenciones internacionales de la OCDE y la ONU.
El fenómeno se está presentando no sólo en países como Estados Unidos (cuya legislación sobre este tema se remonta casi 40 años atrás) o Reino Unido, sino también y fundamentalmente en España y en países de América Latina, como Chile, Brasil, y –más recientemente- Colombia y Perú.
El proyecto plantea la creación de un mecanismo que incentive a las empresas a tener un rol activo, junto al Estado, en la prevención y el combate de la corrupción, previniendo, detectando y colaborado en la investigación de hechos de este tipo.
“En la Argentina, el impacto que podría tener una norma que responsabilice penalmente a las empresas es enorme. Se habla de multas que pueden representar hasta el 20% de la facturación anual de la empresa, la suspensión de actividades e incluso la cancelación de la personería jurídica”, advierte Mariana Idrogo, senior managing director de G5Integritas, consultora especializada en inteligencia comercial y compliance, con oficinas en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.
“Las empresas se considerarán penalmente responsables como consecuencia de no haber ejercido un control y supervisión efectivos. Y se entiende que el control es efectivo cuando la empresa cuenta con un programa de integridad, adaptado a la medida de sus propios riesgos, en funcionamiento y con capacidad de prevenir, detectar, remediar y reportar hechos de corrupción. Por eso, contar con un código de ética, políticas y procedimientos de intgridad, capacitación periódica, canales internos de denuncia, un sistema de investigación y hasta la comprobación de la integridad o reputación de los terceros asociados, como los proveedores, será vital al momento de que el juez penal evalúe si la empresa es responsable penalmente o no”, agrega Idrogo.
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